¿Hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto? 

Cualquier autoridad en Yucatán dirá que no. Pero esa es una verdad a medias.

En el 2018, cuando empezamos a investigar ese tema para la realización del reportaje «Maternidad forzada: el mito del aborto legal en Yucatán», descubrimos que requería ser abordado en toda su complejidad, desde las distintas aristas médicas, legales y socioculturales que implica. 

El primer hallazgo fue que incluso en las situaciones en las que el aborto era legal existían obstáculos para acceder a este derecho. La penalización del aborto voluntario no está anclada a su legislación sino a los estereotipos sobre la maternidad como algo inherente en las mujeres. Y esto ha repercutido en aquellas que se salen, hasta de manera involuntaria, de ese rol.  

Esto ocurre cuando se castiga a las mujeres que no son madres por emergencias obstétricas, es decir, a aquellas que tuvieron abortos espontáneos o partos fortuitos.

Pero eso no es todo: a esas mujeres no se les acusa de aborto, sino de homicidio en razón de parentesco. Este ilícito, acompañado de métodos obsoletos, sentencias armadas con argumentos misóginos y una defensoría que no defiende, ha permitido a las autoridades lavarse las manos, pues pueden decir que no existen mujeres en las cárceles por el delito de aborto. 

Esto es a todas luces una injusticia. Pero si a eso sumamos las características comunes detectadas en los casos documentados (que la mayoría de las mujeres imputadas viven en situación de pobreza, algunas no tuvieron acceso a la educación, algunas pertenecen a poblaciones mayas, casi todas son originarias de municipios y no de la ciudad capital, un par fueron víctimas de violencia sexual y la mitad eran menores de edad), se observa perfectamente cómo el Estado viola los derechos de las mujeres particularmente vulnerables. 

En el reportaje “Cuando parir es delito: mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”, describimos las violaciones a los derechos de esas mujeres, algunas de las cuales estuvieron varios años en la cárcel, solo porque en el imaginario del personal médico y de justicia, un producto sin vida equivale a una mujer que no quiere ser madre y por lo tanto “se convierte en asesina”.

Nuestro objetivo es abonar al debate de la interrupción voluntaria del embarazo y de la protección a la vida desde la fecundación. Esta conversación ha cobrado una importancia urgente en el país y en el estado, en el marco de la implementación de leyes y políticas públicas que criminalizan o defienden a las mujeres. Pretendemos que este trabajo sirva para analizar el tema con más claridad y profundidad.

Pero también, esperamos sea un granito de arena para comenzar a hablar de la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres en Yucatán. 

La obligación del Estado no es perseguir como criminales a mujeres que tuvieron emergencias obstétricas, en un afán de exhibirlas como ejemplo para que las mujeres no ejerzan su derecho a decidir sobre su reproducción. 

Esos esfuerzos debe encausarlos a investigar por qué hay mujeres que desconocen que están embarazadas, por qué hay mujeres víctimas de violencia sexual que no están siendo atendidas bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, por qué hay mujeres sin control pre natal, por qué hay mujeres que están pariendo en las calles o fuera de los hospitales, por qué hay paramédicos que no conocen cuáles son sus obligaciones, por qué la Defensoría Pública no está cumpliendo con su labor a cabalidad, y por qué el personal médico no entiende cuáles son sus derechos y obligaciones. 

Nuevamente, agradecemos a las personas que nos leen.