maternidad forzada
el mito del aborto legal en yucatán
Por Lilia Balam y Katia Rejón
Han pasado diez años desde que Evelia, mujer maya originaria del municipio Tixméhuac, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de la pérdida de un embarazo. Hasta ahora, no logra reconstruir las escenas para comprender cómo en menos de tres días pasó de ser una persona libre a una presa con una condena de 12 años y seis meses, y una multa de 154 mil pesos.
Desde un cuarto privado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax cuenta que tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al cual no identifica, la obligó a tener relaciones sexuales.
No sabía que estaba embarazada cuando el sábado 18 de julio del 2009, en su casa de Tixméhuac, se desmayó en tres ocasiones. Todo lo demás es borroso y solo puede confiar en las versiones de los demás: su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.
Bajo una mata de cabello teñido y peinado en un chongo, sus ojos oscuros se hacen más pequeños mientras se esfuerza en rememorar lo que ocurrió después: en el hospital no habló con ningún doctor, solamente sentía que “raspaban” su vientre y por lapsos escuchaba que algunos médicos platicaban. Sin embargo, no reconocía sus palabras, en ese tiempo sólo hablaba maya.
En el hospital, notificaron a su madre que el producto había muerto. Amaneció y sin proporcionarle un intérprete ni permitirle buscar un abogado, la trasladaron al Ministerio Público, un día después de que le hicieran el legrado. Estaba sola.
Aunque no lo entendía, las autoridades del Ministerio Público le hicieron firmar una declaración escrita en español porque le dijeron que si no lo hacía su condena sería de 40 años de cárcel: una clara violación a los derechos humanos, pues el apartado A , fracción VIII del Artículo 2° de la Constitución Política establece que los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Hacia las tres de la mañana del lunes la trasladaron al Cereso de Tekax y hasta entonces se enteró de su embarazo. “Mi primer día no recuerdo… cuando amaneció mis compañeras me dijeron que estaba embarazada. No comía, ellas me ayudaban. Me platicaron cuando todo salió en el periódico. Estuve 15 días sin comer y me empecé a recuperar”, detalla en un tímido español, idioma que aprendió en la cárcel.
Poco a poco empezó a comprender qué había pasado, pero tampoco tiene información fidedigna al respecto. Sospecha que el personal médico que la atendió fue quien la denunció. Según la declaración que firmó, tenía siete meses de gestación.
Conforme pasaron los días buscó alternativas para salir de prisión. Denunció la violación, pero los trabajadores del Ministerio Público dijeron “que nada podían hacer porque había pasado mucho tiempo”.
En marzo del 2010 la sentenciaron a 12 años y seis meses de cárcel y le impusieron una multa de 154 mil 811 pesos por reparación del daño. Apeló, pero la sanción aumentó un año. Hacia el 2014 interpuso otro recurso de apelación y le redujeron 2 años y medio de cárcel.
La mujer dice que la multa ya está pagada pero que ella no cubrió ese gasto, además de que un abogado le ha dicho que no tiene que pagar nada. A la fecha sigue cumpliendo su sentencia de 10 años, en 2018 será libre de nuevo.
Hace cinco años, el hombre que la violó, regresó a molestar a su familia. “Pasaron a matar a mis hermanos cuando yo estaba acá”, cuenta ella. Su mamá enfrentó al agresor, preguntándole “¿Qué más quieres? Ella está ahí”. Tuvieron que solicitar la intervención de las autoridades municipales de Tixméhuac para que “se medio calmara”. “Él está riendo, está metiendo relajo, se burla mucho de mi familia”, dice Evelia.
Ella imagina que Tixméhuac será muy diferente cuando regrese, pero confiesa estar ansiosa por dejar la prisión, donde pasa los días urdiendo hamacas y recibiendo talleres de alfabetización. La pobreza de su familia le impidió estudiar. Su madre enviudó cuando Evelia era una bebé de siete meses y la mantuvo a ella y a sus seis hermanos trabajando como empleada doméstica. Dice que no tiene miedo de salir porque “está acostumbrada a trabajar”.
Al preguntarle si siente algún tipo de rencor o enojo por encontrarse en prisión injustamente, ella contesta “ki’ak in maamae’ p’at tu k’ab dio” (“Dice mi mamá: déjalo en manos de dios”), antes de que su figura pequeña y delgada se aleje, custodiada por una uniformada que la lleva de vuelta a su celda.
De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), casos como el de Evelia ocurren en buena medida gracias a las leyes que protegen la vida desde la concepción, pues “otorgan personalidad jurídica al embrión, fomentan la desinformación y prejuicios que permean las acciones de policías, ministerios públicos y jueces”, además de que persiguen el objetivo de estigmatizar a las mujeres e imponer castigos “ejemplares”, generando temor y desinformación entre las mismas.
Desde el 2009, en Yucatán se protege la vida desde la concepción. La aprobación de esa medida generó confusión en la comunidad médica y en la ciudadanía en general: se cree que el aborto está totalmente penalizado en el estado.
Paradójicamente la ley local es, a nivel nacional, una de las que incluye más casos bajo los cuales no se sanciona la interrupción voluntaria del embarazo. El desconocimiento de las normas obstaculiza el acceso de las mujeres al derecho de abortar si fue violada, si su vida o la del producto corren peligro o si vive en condiciones de pobreza.
La Secretaría de Salud de Yucatán sólo registró 11 interrupciones legales del embarazo entre el 2009 y el 2018. Se obstaculiza el acceso al aborto como marca la ley, hay casos de mujeres que han sido encarceladas por abortos espontáneos y es el mismo personal de salud quien las denuncia.
Del 2007 al 2017, un total de 28 mujeres yucatecas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para practicarse un aborto ya que ahí sí está permitida esa intervención quirúrgica hasta las 12 semanas. Es decir, abortaron en la capital del país casi tres veces más que en su propia entidad.
En Yucatán, al menos 65 mujeres han sido denunciadas por aborto y aborto culposo entre 2009 y el primer semestre del 2018, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionada a través de una solicitud de transparencia.
Las denuncias han ido en aumento desde el 2013. Sin embargo, en los últimos dos años, no se ha reportado el inicio de ninguna investigación por aborto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Todos los días se denuncia a una mujer por abortar en México, de acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).
Mitos y realidades del aborto
La discusión sobre el momento en que el feto comienza a sentir lleva muchos años. El jurista Jorge Carpizo McGregor, en su obra “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), citó al médico Ricardo Tapia Ibargüengoytia, quien en su estudio “La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino desde el punto de vista de la neurología” determinó que la corteza cerebral es lo que distingue al ser humano y en un embrión de 12 semanas no está formada.
El científico mexicano también señaló que “el feto humano es incapaz de tener sensaciones conscientes y por tanto, de experimentar dolor antes de la semana 22-24”.
La British Broadcasting Corporation (BBC) publicó en junio del 2010 que el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos analizó si un feto puede o no experimentar dolor y descubrió que las conexiones nerviosas en el área que procesa la respuesta a ese estímulo se forma apropiadamente después de las 24 semanas.
Sobre este asunto, la doctora e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Ligia Vera Gamboa y la activista de la organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, Lorena Aguilar Aguilar, concordaron en que a las 12 semanas (límite para abortar voluntariamente en la Ciudad de México) el embrión mide aproximadamente ocho centímetros y carece de vida independiente, es decir, es inviable su supervivencia fuera del útero.
Sí posee un genoma humano completo, como cualquier órgano del cuerpo adulto, pero no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se han establecido las conexiones nerviosas indispensables para que puedan existir sensaciones. “No puede sentir placer ni dolor. No tiene sistema nervioso, ni conciencia de su existencia”, afirmó Lorena Aguilar.
Los hechos descritos por la activista y la académica, avalados por estudios científicos, son incompatibles con la versión de los representantes de organizaciones que se han autodenominado “pro vida”.
Tal es el caso de Mariana Schroeder, coordinadora de la organización “40 días por la vida” delegación Yucatán, quien en entrevista afirmó que el feto a las 12 semanas sí tiene completo el sistema nervioso.
“El bebé a las 12 semanas ya está completamente formado, el doctor [Víctor] Pinto [Brito] te lo puede explicar más a detalle. Ya tiene uñas, huellas dactilares, lo primero que late es el corazón. No por estar chiquitito deja de ser un humano, entonces ¿qué es? ¿un delfín?”, mencionó.
El mencionado es ginecólogo y presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) en la delegación Yucatán, una organización civil que surgió para oponerse al matrimonio igualitario en el sexenio anterior.
Al tratar de cotejar este dato con él, evadió tres veces la pregunta del estado de desarrollo de un feto a las 12 semanas.
“Eso no importa, ¿un bebé de tres meses puede ser una casa? […] No entiendo a dónde quieren llegar con esto”, respondió. Al insistir sobre el estado del feto a los tres meses de gestación, terminó por contestar: “Mmm, 12 semanas…no recuerdo. Pero eso no tiene nada que ver”.
Otro de los mitos del aborto es la pérdida de fertilidad. Vera Gamboa explicó que no hay consecuencias futuras en la mujer en tanto la interrupción se realice de forma segura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en los documentos “Manual de práctica clínica para un aborto seguro” y “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud” describe cuáles son los métodos más seguros para interrumpir el embarazo.
Recomienda para embarazos de hasta 9 semanas de gestación la ingesta del medicamento mifepristona seguido de una dosis de pastillas de misoprostol (Cytotec).
La aspiración de vacío manual o eléctrica se recomienda para embarazos de hasta 12 a 14 semanas. En las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) localizadas en la Ciudad de México se recurre a la Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Para los de más semanas de 12 semanas de gestación se recomienda la dilatación y evaluación (DyE) con aspiración de vacío y pinzas, así como los medicamentos mencionados en diferentes dosis.
En todos los casos se especifica que se debe preparar el cuello uterino y también se subraya que hay indicaciones para cada caso particular. Por supuesto, cualquiera de los dos métodos debe ser supervisado por especialistas.
De igual forma, se estipula que el método de dilatación y curetaje (DyC) o legrado es “obsoleto y debe reemplazarse por la aspiración de vacío o métodos médicos».
En este sentido, Aguilar Aguilar expresó que los hospitales que practican legrados por no contar con equipo para realizar las aspiraciones “están atentando con el derecho de las mujeres”.
Sobre la depresión post aborto, Vera Gamboa comentó que quienes deciden abortar suelen ser vistas como “malas madres” o “malas mujeres” y eso puede ocasionar una depresión.
Pinto Brito tiene una opinión diferente al respecto. El ginecólogo comentó que “lo que provoca estigmas” en la mujer “es la conciencia de que hizo algo malo”. Insistió en que el Síndrome Post Aborto “no es un término bien establecido, pero de que se da, se da”.
En efecto, en internet hay mucha información, ensayos y libros sobre el mencionado síndrome, sin embargo, las fuentes de los estudios provienen de médicos, páginas o líderes de comunidades religiosas.
No encontramos un estudio científico y actualizado —mucho menos enfocado en México—que determine el grado de impacto en la salud mental que puede tener un aborto elegido.
En lo que sí coincidieron diversas mujeres que brindaron sus testimonios es que la decisión de interrumpir un embarazo no es fácil y necesitan hablar de ese proceso.
En entrevista, Cristina Montejo Briceño y Sofía Koyoc Noh, colaboradoras de la Red Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, indicaron que la mayoría de las mujeres que han abortado “no ha hablado de esto con otras personas, pero sí necesitan compartirlo con quienes no las van a juzgar ni señalar”.
En el 2018 ambas organizaron un Círculo de Reflexión entre mujeres que han abortado en Mérida, como parte de una iniciativa de la Red.
Señalaron que esos espacios hacen sentir a las mujeres acompañadas. “Debemos encaminar estos grupos para que se sigan haciendo, que llegue información a otras personas que se resisten a hablarlo”, comentaron.
Las coordinadoras de los Círculos son formadas por distintas asociaciones y etapas. Es el primer modelo a nivel nacional, de acuerdo con las entrevistadas.
Cristina relató que hace diez años, mientras estudiaba un posgrado en Xalapa, Veracruz, comenzó una relación de pareja y aunque empleaba distintos métodos anticonceptivos, se embarazó.
“La relación no brindaba mucha seguridad y certeza para un proyecto de crianza. Además estaba en un período caótico de mi vida: la maestría era demandante, no tenía redes de apoyo, no conocía a nadie en Veracruz; y por cuestiones económicas, académicas, físicas, familiares y emocionales, decidí abortar”, contó en entrevista.
En ese momento no se hablaba de la AMEU, sino del legrado. Ella tenía miedo, por lo que buscó otra opción y encontró un artículo que hablaba sobre el misoprostol.
“Fue relativamente rápido, se terminó el proceso en ocho horas. Se sintió como una menstruación particularmente dolorosa. El tema es lo que rodea emocional y psicológicamente este proceso, eso es lo que lo hace difícil, más que el dolor físico: creencias de mí misma, mucha culpa, sentimientos de que era mala o egoísta”, platicó.
Ahora Cristina tiene 35 años y explicó que ha podido darle sentido a sus vivencias y superar el dolor.
“Hace dos años lo contaba y dolía, ahora me da energía saber que ninguna mujer debe sentir culpa, ni estar en esa soledad. No me sentía merecedora de compañía y no quiero que nadie pase por eso. Defendí mi vida de lo que no quería y ponía en peligro mi proyecto personal y mi ser. He visto con creces que vale la pena”, externó.
Acto seguido, comentó que la ciudadanía suele pensar que si el aborto se despenaliza las mujeres recurrirán a él de manera frecuente o como método anticonceptivo.
En este sentido, subrayó que “desde el principio es una decisión que se toma sopesando pros y contras, hay una responsabilidad en medio”. “Las mujeres merecemos el poder decidir sin sentirnos presionadas”, añadió.
Legislación del aborto en Yucatán
Desde el primer Código Penal de Yucatán se regula el aborto. En el capítulo IX del Título Segundo del documento publicado en 1871 bajo el mandato de Manuel Cirerol y Canto -que entró en vigor en 1872-, se condenaba a prisión a la mujer que interrumpiera su embarazo de manera “intencional” y a la persona que practicara el proceso, en cualquier época de la preñez.
La sanción era menor (de uno a dos años) si la mujer no tenía “mala fama”, si había logrado ocultar su embarazo y si éste no era producto del matrimonio, sino de una unión ilegítima.
Por cada falta de éstas características se aumentaban seis meses más de prisión, es decir, mujeres “de mala fama”, que no hubieran ocultado su embarazo o que estuvieran casadas recibían sanciones más graves.
Para quien practicara el aborto, el castigo era de tres a seis años de cárcel, e incrementaba si lo hacía un médico, cirujano, comadrón, partera o boticario, además de que se le inhabilitaba para ejercer su profesión.
Las leyes sobre el aborto fueron más específicas hasta 1938, durante la administración estatal de Humberto Canto Echeverría, cuando se añadieron cinco casos bajo los cuales el aborto no era sancionable: cuando era causado por “imprudencia” de la mujer embarazada; cuando era resultado de una violación; si la mujer corría peligro de muerte; también era perdonado si obedecía a causas económicas graves y justificadas, pero la mujer debía tener cuando menos tres hijos; y si el aborto se debía a causas eugenésicas graves, según dictamen de dos peritos médicos.
Pese a que ya existían las excepciones para no sancionar a las mujeres que abortaran por causas económicas o por violación, en el 2009 –cuando Ivonne Ortega Pacheco ocupaba la gubernatura–, se hizo una modificación a la Constitución estatal que fue calificada por diversos activistas como un retroceso para la legislación y que causó confusión en la comunidad médica y la ciudadanía yucateca en general.
Todo comenzó con la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el 2008. Los grupos conservadores impulsaron reformas en la mayoría de los estados para proteger la vida desde la concepción. Yucatán no fue la excepción y esta reforma se aprobó en otros 15 estados.
Con mucha discreción, el 13 julio del 2009, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado -que estaba conformada por Gaspar Quintal Parra, Víctor Chí Trujeque, Gabriela Santinelli Recio, Jorge Carlos Berlín Montero, Marco Ojeda Medina, Juan Rodríguez Canul, Enrique Antonio Magadán Villamil, Elsa Sarabia Cruz, Luis Rodríguez Canto, Wilberth Mejía Pinzón, José Luis Alcocer Rosado, Delta Pérez y Castañeda y Janice Escobedo Salazar-, presentó una iniciativa para añadir al artículo 1º de la Constitución Política local el siguiente párrafo:
“El estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán.”
También se pretendía adicionar dos párrafos al artículo 392 del Código Penal estatal –en el que se regula el aborto-:
“Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo, aplicables a la mujer que se procure su aborto, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que lo solicite y ratifique la responsable. El tratamiento referido en este precepto será provisto por las instituciones de Salud del Estado y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto provocado, así como el de reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia”.
En la exposición de motivos, la bancada tricolor alegó que “no se puede concebir una despenalización total del aborto, ya que por cada aborto practicado muere un ser humano” .
Incluso se cita al libro “La Suprema Corte y el Derecho a la Vida: Sentencia sobre el Aborto”, señalar que “reinvidicar –sic- el derecho al aborto significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo: el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir, como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien y el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable, o incluso, su interés egoísta y su capricho”.
Llama la atención que, de acuerdo a una nota del portal “Revista Yucatán”, ese mismo día los diputados se reunieron con activistas para discutir la propuesta que “estrenó” la Ley de Participación Ciudadana, es decir, la primera iniciativa popular, presentada por la asociación “Red Pro Yucatán” –encabezada en ese entonces por Ivette Laviada Arce-, para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El 14 de julio la propuesta priísta para proteger la vida desde la concepción fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales y a la de Administración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.
Al día siguiente, fue sometida a votación en el Pleno del Congreso junto con la iniciativa que prohibiría del matrimonio igualitario.
Ambas fueron aprobadas por mayoría, pues únicamente la ex diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bertha Eugenia Pérez Medina votó en contra. En entrevista diez años después, esta legisladora expresó que ella no estaba enterada del dictamen de las iniciativas porque “la tenían marginada”.
Admitió que en aquella legislatura “casi todos los días pasaban dictámenes en fast track”, es decir, se turnaban al Pleno -para su aprobación- iniciativas que habían sido analizadas en las comisiones en corto tiempo, de manera reservada, en algunos casos a puerta cerrada y no con amplia difusión pública. Agregó que los legisladores “adoptaban morales de grupos religiosos cuando ellos tenían una vida contraria a lo que aprobaban”.
A su vez, externó que “aquí los que faltaron a los electores fueron los priístas, porque nada de eso se hubiera cambiado si ellos no lo apoyaban” y recalcó que “todo se manejó desde abajo con grupos religiosos”, y que “no tuvieron el valor el PRI y el PAN [Partido Acción Nacional] para presentar [las iniciativas] directamente”, refiriéndose a la propuesta para prohibir el matrimonio igualitario.
Pasados unos días, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE) solicitó vía oficio a Ortega Pacheco que ejerciera su facultad de veto para anular las reformas aprobadas, bajo el argumento de que eran violatorias de los derechos de las mujeres.
Le decían que la protección de la vida desde la fecundación “consagra a las mujeres como meros instrumentos reproductivos” y las “criminaliza y orilla a practicarse abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y vida”.
Pese a esto, las modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado el 7 de agosto del 2009, en el Decreto 220.
UNASSE y la asociación “Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva” pidieron a la Codhey -que en ese entonces era encabezada por Jorge Victoria Maldonado-, que impugnara las reformas a través de un recurso de inconstitucionalidad.
En respuesta, dicho órgano manifestó que no ejercería la acción de inconstitucionalidad ya que “no encontró los elementos adecuados” para interponerla.
De acuerdo a la asesora jurídica de la asociación UNASSE, Amelia Ojeda Sosa, con esta reforma se creó la idea de que el aborto está prohibido en el estado.
“Eso piensan hasta los profesionales de la salud, pero esa reforma en sus últimas líneas marca que se deben respetar las excepciones incluidas en el Código Penal. La reforma no fue tan absoluta”, precisó.
El Código Penal de Yucatán actualmente
Aunque en Yucatán el aborto se castiga, en la ley persisten los cinco casos establecidos en 1938 bajo los cuales la interrupción del embarazo no se sanciona.
De acuerdo al Capítulo VI del Código Penal estatal, las condenas para quienes hagan que una mujer interrumpa el embarazo sin su consentimiento son de tres a ocho años de cárcel y de uno a cinco años si es consentido. Se considera una agravante si la persona que practica el aborto es un médico o partero.
Por otro lado, las mujeres que abortan pueden recibir sanciones de tres meses a un año de prisión, mismas que son sustituibles por un “tratamiento médico integral” provisto por las instituciones de salud locales y cuyo objetivo, según consta en el documento, “es la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto provocado”.
Sin embargo, el aborto no se castiga si es culposo, cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando de no provocarse la mujer corre peligro de muerte a juicio del médico que la atienda, cuando la interrupción es por causas económicas “graves y justificadas y siempre y cuando la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos” y cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den como resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
En abril del 2018 y a raíz de la solicitud de activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), fue eliminada del Código Penal la característica atenuante conocida por las activistas como “aborto honoris-causa”.
Ésta marcaba penas menores a las mujeres que no tuvieran “mala fama”, que hubieran logrado ocultar el embarazo y cuando éste hubiera sido producto de una relación “ilegítima”, es decir, fuera del matrimonio.
También fue ampliada la segunda excepción: desde hace un año, el aborto tampoco se sanciona cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida.
Sobre ésta, Amelia Ojeda ha indicado que “no sirve para nada”, ya que “no es frecuente que se pueda solicitar la interrupción por ese caso».
A juicio de la abogada, se debió agregar una excepción que no solamente contemple la ausencia de enfermedad o de alguna afectación, sino “un completo estado de bienestar físico, psicológico y biopsicosocial”.
Para Lorena Aguilar Aguilar la ley estatal “está castigando la pobreza de las mujeres”, ya que las mujeres de escasos recursos no pueden costear el viaje de al menos 5 mil pesos para practicarse el aborto en una clínica ILE en la Ciudad de México, pero para las mujeres de clase socioeconómica alta esa sí es una posibilidad.
Además, el hecho de que en la capital del país sí se pueda realizar ese procedimiento indica que no hay igualdad de derechos en la nación, precisó. “La ley considera a las yucatecas ciudadanas de segunda, porque no tenemos derechos como los de las mujeres de la Ciudad de México”, insistió.
Norma 046, la obligación de los médicos con las víctimas
En caso de violación, el marco normativo es ahora más amplio pues responde a las reglas de atención integral a las víctimas.
La Norma Oficial Mexicana de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres: criterios para la prevención y la atención o NOM 046, establece el protocolo que deben seguir los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social o privado en todo el territorio nacional, para la detección, prevención, atención médica y orientación a las personas afectadas por la violencia familiar o sexual.
Si una persona -de cualquier edad- es violada y acude a un servicio de salud, se le debe ofrecer un tratamiento profiláctico post exposición para prevenir la infección del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual.
También se le deben otorgar anticonceptivos de emergencia para prevenir el embarazo o en caso de estarlo, informarle del servicio de interrupción del mismo sin necesidad de denunciar.
Si la víctima acudiera primero a denunciar, debe ser asesorada y luego canalizada a algún centro de salud para recibir la atención necesaria.
Esa norma considera la violencia sexual como una urgencia médica que debe ser atendida de manera inmediata y gratuita.
El personal médico denuncia los abortos
Nadia tenía treinta años y era madre soltera de una adolescente de 15 años. Trabajaba en un molino del mercado Lucas de Gálvez cuando tuvo un retraso. Se enteró que estaba en su tercer mes de embarazo y decidió abortar porque no podía mantener a dos hijos.
Una amiga le recomendó unas pastillas para realizar el procedimiento, pero ella ganaba solamente 600 pesos semanales y el padre biológico se encontraba en prisión. Pagar las pastillas de la marca original, cuyo precio era de 2 mil 500 pesos era inalcanzable y por lo tanto, compró la versión genérica.
Cuando llegó con dolores al Hospital General “Agustín O’Horán”, el 20 de enero del 2014, una asistente médico la denunció a las autoridades por provocarse el aborto.
Un juez le impuso seis meses de prisión que fueron sustituidos por un tratamiento médico provisto por las instituciones de salud y una multa de 11 mil pesos, documentó GIRE en su informe “Maternidad o castigo”.
De acuerdo con Aguilar Aguilar, a raíz de la reforma del 2009 a la Constitución local -en la que se protege a la vida desde la fecundación-, aumentaron las denuncias contra mujeres por aborto y la mayoría de éstas eran interpuestas “por el personal de salud”.
Además, existe desinformación de médicos y enfermeros sobre los aspectos jurídicos y legales, explicó la investigadora Ligia Vera Gamboa. “Realizar el procedimiento no les va a quitar la licencia, [pero] no conocen el marco legal y por eso denuncian, o por opiniones personales”, declaró.
Los médicos involucrados en la interrupción de un embarazo por la vía quirúrgica pueden ampararse en la “objeción de conciencia”, un argumento de carácter ético para rechazar cumplir una norma por motivos de religión.
Sin embargo por ley, se debe garantizar la presencia de al menos un médico que no sea objetor de conciencia en las instituciones de salud.
“En la práctica tenemos médicos que llevan a sacerdotes para que convenzan a la víctima [de no abortar]. Esto es una tortura psicológica. Las instituciones de salud no pueden ser objetoras, sólo las personas, y si la vida de la mujer corre peligro, la objeción se invalida. La vida de las mujeres no está por encima de las creencias del personal de salud”, agregó la vocera de Católicas por Derecho a Decidir.
En caso de que estas medidas no se cumplan, las mujeres pueden interponer un recurso ante la Codhey y demandar al médico.
Al preguntarle a Pinto Brito su opinión al respecto, contestó que “habría que ver las circunstancias para decir si es ético o no es ético” que el personal médico denuncie a las mujeres que abortan.
Afirmó que la mayoría de los ginecólogos que conoce no harían abortos y si se los exigieran por ley, “algunos amigos se acogerían a la objeción de conciencia, porque me han hablado para preguntarme. La inmensa mayoría de los que están en el Colegio de Médicos se niegan a hacerlo, ¿por qué? porque se sabe que se pierde el prestigio”, expresó.
Cuando en junio del 2017, cinco asociaciones civiles solicitaron la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, se conformó un grupo de trabajo que junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió una serie de recomendaciones que el gobierno de Rolando Zapata Bello debía cumplir en un plazo de seis meses.
La octava recomendación indicaba la falta de asignación presupuestal para atender la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género.
En la quinta conclusión se describía que el personal de los servicios de salud no cumplía “a cabalidad” con las disposiciones de la NOM-046, ya que no realizaba “adecuadamente el registro de casos, las detecciones de la violencia, ni las referencias cuando resultan procedentes”, lo cual cobra importancia dado que los y las prestadoras de servicio de salud “son generalmente el primer contacto con mujeres: idóneos para la detección, el tratamiento y registro oportuno de casos de violencia”.
Información obtenida del portal de Transparencia de la Secretaría de Salud, señaló que el presupuesto destinado a esa dependencia aumentó en los últimos años:
| AÑO | APROBADO |
| 2015 | 3,898,301,381.00 |
| 2016 | 4,149,870,041.00 |
| 2017 | 4,560,180,673.00 |
| 2018 | 4,792,358,089.00 |
Sin embargo, los recursos ejercidos por el programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud estatal disminuyeron, indica una solicitud de transparencia realizada a dicha dependencia.
En cuatro años pasaron de emplear 15 millones 117 mil 760 pesos a solamente 2 millones 877 mil 28 pesos: una diferencia de 12 millones 240 mil 732 pesos.
| 2014 | 15,117,760.00 |
| 2015 | 6,898.196.00 |
| 2016 | 5,442,240.00 |
| 2017 | 5,756,881.00 |
| 2018 | 2,877,028.00 |
| TOTAL | 36,092,105.00 |
También se registraron variaciones en el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA), el cual incluye un curso de temas de salud sexual y reproductiva.
Ejerció poco más de 5 millones de pesos en el 2014, al año siguiente utilizó más de 13 millones y dicha cifra fue a la baja en los siguientes años, salvo en el 2018, cuando registró una leve recuperación:
| 2014 | 5,232,999.00 |
| 2015 | 13,813,902.00 |
| 2016 | 10,386,796.00 |
| 2017 | 7,893,869.00 |
| 2018 | 7,970,617.00 |
| TOTAL | 45,298,183.00 |
Sin embargo, en el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción Salud Reproductiva, cuyo objetivo es prevenir los embarazos no planificados, sí se percibió un incremento de recursos ejercidos:
| 2014 | 2,850,214.00 |
| 2015 | 2,651,573.00 |
| 2016 | 2,474,341.00 |
| 2017 | 3,530,741.00 |
| 2018 | 3,097,847.00 |
| TOTAL | 14,604,716.00 |
En un período de cuatro años el programa de planificación familiar y el de atención a la violencia juntos ejercieron menos recursos que los destinados a la instalación de la cámara hiperbárica del Hospital General “Agustín O’Horán”, que a la fecha continúa abandonada.
| Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género | Planificación Familiar y Anticoncepción Salud Reproductiva | Cámara hiperbárica |
| 36,092,105.00 | 14,604,716.00 | |
| 50,696,821.00 | 75,000,000.00 | |
En cuanto al personal médico, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud local, Geny Beatriz Sánchez Fernández aseguró que cuando se modificó la NOM 046 en marzo del 2016, se brindó capacitación sobre el tema a los trabajadores de las instituciones de salud, además de que la solicitud de la AVGM hizo ver a las autoridades estatales “los huecos” que hacía falta atender en ese sector.
Sin embargo, la funcionaria admitió que pese al trabajo realizado “sí hay desconocimiento por parte del personal médico”, pues la temática “es un tabú” y es “difícil trabajarla” con los empleados del sector.
Insistió en que la NOM 046 se debe respetar y por ello se han enfocado durante más de un año en la sensibilización del personal gineco obstetra, “para que cuando ellos decidan si quieren o no [intervenir en un aborto], sea con base en una conciencia y decisión fundamentada”.
Más que una cuestión moral, los trabajadores del sector temen no estar protegidos legalmente en caso de interrumpir un embarazo, detalló. “Nos hemos percatado que si se les explica que la NOM 046 está homologada a leyes federales y que es nuestro deber garantizar el servicio, se tranquilizan un poco”, admitió.
Sánchez Fernández confirmó que ni los servicios de salud ni los directivos pueden ser objetores de conciencia, y reiteró que la Secretaría mencionada “está trabajando en eso”.
Agregó que a la fecha se ha capacitado aproximadamente al 50% del personal de salud. Estimó que para el 2018 la mayoría de los ginecólogos y trabajadores que pudieran alegar objeción de conciencia, tenían conocimiento de la ley.
A su vez, comentó que los Servicios de Salud en Yucatán (SSY), cuentan con módulos multidisciplinarios especializados en la atención a la violencia familiar y sexual, los cuales cuentan con personal capacitado en violencia, interculturalidad, perspectiva de género, derechos humanos, y en la NOM 046.
Eso sí, señaló que hasta ahora el Gobierno del Estado no ha realizado ninguna campaña que difunda masivamente qué es y qué implica la NOM 046. Recalcó que los esfuerzos institucionales en materia de violencia deben ser constantes para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual reciban atención de manera oportuna, además de que es necesario sensibilizar al personal sobre el tema.
Amelia Ojeda Sosa coincide en que hay desinformación y poca difusión de las leyes sobre el aborto. “No quieren que se difunda para que no se hagan las solicitudes en los hospitales”. afirmó.
Aborto por violación
Marta, originaria de Temozón, al oriente de Yucatán, tenía 31 años cuando un hombre de esa misma comunidad la violó. La mujer, quien había sido diagnosticada con epilepsia y esquizofrenia, intentó suicidarse dos veces cuando supo que estaba embarazada.
Con seis semanas y media de embarazo acudió al Hospital O’Horán para realizarse un aborto legal, pero le dijeron que sólo podían hacerlo si un juez lo autorizaba.
Es decir, le negaron el servicio pese a que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 indica que el personal médico tiene la obligación de interrumpir el embarazo en víctimas de violación que así lo deseen. Esto debido a que en aquél entonces, la propia normativa establecía que era necesario el permiso de un juez.
Apoyada por GIRE, UNASSE, los Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva y la abogada Amelia Ojeda Sosa, y con fundamento en lo establecido en el Código Penal estatal, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Marta solicitó a la Secretaría de Salud el acceso a los servicios de interrupción del embarazo y finalmente la dependencia realizó el procedimiento a principios de julio de 2015.
El de Marta fue uno de los últimos casos en los que se tuvo que solicitar la autorización de un juez para llevar a cabo el procedimiento de aborto en víctimas de violación.
En marzo del 2016 la Norma fue modificada y desde entonces, no es necesario que la mujer que desee interrumpir el embarazo interponga una denuncia o tenga el permiso de una autoridad para realizar el proceso. Como se ha mencionado, la NOM 046 establece que los médicos tienen la obligación de interrumpir el embarazo en víctimas de violación si así lo desean.
“Si tienes 12 años, puedes ir sin permiso de tus padres, esto tiene infartados a la derecha y a la iglesia, pero si tu quieres puedes continuar el embarazo independientemente de la opinión de tus papás. Esto es porque se dan casos en los que obligan a una niña a interrumpir ya que muchas veces la violación sucede dentro de la familia y no quieren que se sepa”, explicó la activista Adelaida Salas Salazar.
El Código Penal local establece en los Artículos 312 y 315 que la violación y la violación equiparada son delitos graves que se persiguen de oficio. Sin embargo, los casos entre cónyuges y concubinos sólo se persigue por querella, de acuerdo con el Artículo 314.
Al preguntarle al ginecólogo y activista, Víctor Pinto Brito su postura sobre el aborto legal en casos de violación, teniendo en cuenta que ha habido años (2011 y 2013) que en Yucatán se denuncia uno de esos delitos al día según datos de la Fiscalía, contestó que “no es lo mismo decir una violación por día a un embarazo» por cada violación.
Recalcó que ese argumento “es una falsedad que utilizan los grupos proabortistas de exagerar las cifras de embarazo por violación”.
De acuerdo con el ginecólogo, hay muchas causas médicas que impiden que una mujer se embarace por violación: “el hecho de que sólo sean fértiles algunos días al mes […], el estado de estrés en que se encuentra por el ataque […], y que los violadores tienen problemas de tipo sexual que en un momento dado los hace infértiles”. Sin embargo, en caso de que llegara a suceder, también está en contra del aborto.
Para ejemplificar su postura, el doctor mencionó el caso “emblemático” de una niña de 11 años en Argentina que fue violada por un vecino de 60 años. El agresor la amenazó para que no dijera nada y fue hasta que tenía 24 semanas de gestación que acudió con su madre al médico.
La menor solicitó el aborto pero los grupos pro vida presionaron mediáticamente para que “esperara” un mes más y el bebé fuera dado en adopción.
Al final, no se interrumpió el embarazo como había decidido la menor, sino que le hicieron una cesárea intentando salvar “las dos vidas”. La bebé, que fue bautizada por los mismos pro vida como “Esperanza”, falleció a los pocos días de la operación.
Actualmente el gobernador Juan Manzur, así como funcionarios de salud y de justicia de Tucumán, Argentina, tienen denuncias por inclumplimiento del deber.
La niña acaba de concluir el sexto grado de primaria. “¿Cuál era la razón para hacerle una cesárea? ¿Qué le costaba esperar 20 días más? Le destrozaron la vida al bebé”, expresó Pinto Brito en entrevista.
Por su parte, Mariana Schroeder comentó: “Imagínate que un papá viola a su niña y la lleva a hacerse un aborto legal. ¿Cuándo se dará cuenta la mamá, que se debería dar cuenta, pero cuándo se va a dar cuenta la mamá que el papá está violando a la hija si no hay una pancita que delate?” (sic).
El ginecólogo afirmó que una mujer adulta tiene el mismo riesgo en un parto que cualquier niña de entre 8 y 15 años. “Si tú te llegaras a embarazar, tienes los mismos riesgos. Si le hubieran hecho un aborto ¿tenía riesgo o no? Es la falsedad de las abortistas”, agregó.
La opinión del también presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán se opone a lo estipulado en el informe “Embarazo en la adolescencia” , emitido en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dicho documento indica que “la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo 50% superior al de bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé”.
Incluso los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer con sus riesgos a largo plazo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), respalda estos datos y denuncia que el embarazo adolescente es un problema social, de salud pública y de falta de atención en el ejercicio de derechos, ya que “se asocia a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres mayores, así como a una alta prevalencia de abortos en condiciones inseguras”.
También subraya que “se puede asumir” que la mayoría de los embarazos en estas edades son producto de violencia sexual.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre las adolescentes de 15 y 19 años de acuerdo con la OMS.
México ocupa el primer lugar en cifras de embarazo adolescente en los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Yucatán se encuentra en el octavo puesto a nivel nacional.
En el 2017, en México, casi 10 mil bebés nacieron de madres de 10 a 14 años de edad y 380 mil 341 entre 15 y 19 años, algunas de ellas víctimas de agresión sexual y violación.
70% de los niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años, tienen un padre de entre 18 y 78 años, fuerte indicio del abuso sexual sistémico que sufren miles de menores en México. Estas cifras fueron reveladas por el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En Yucatán, del 2009 al 2018 dieron a luz 4 mil 150 menores de 15 años en centros de salud del Gobierno del Estado: 389 en el 2009, 685 en el 2010, 378 en el 2011, 374 en el 2012, 592 en el 2013, 478 en el 2014, 441 en el 2015, 378 en el 2016, 260 en el 2017 y 175 el año pasado.
Los municipios con mayor número de casos son Mérida, Valladolid, Umán, Kantunil, Ticul, Tizimín, Kanasín, Yaxcabá y Progreso.
Asimismo, 69 mil 647 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres en el mismo periodo: 6 mil 595 en el 2009, 7 mil 313 en el 2010, 7 mil 612 en el 2011, 7 mil 65 en el 2012, 7 mil 898 en el 2013, 8 mil 900 en el 2014, 8 mil 633 en el 2015, 7 mil 175 en el 2016, 5 mil 110 en el 2017 y 3 mil 346 en el 2018.
En Mérida, Ticul, Valladolid, Peto, Kanasín y Progreso se registró el mayor número de incidencias. La Secretaría de Salud declaró “inexistente” la información correspondiente al 2019.
A pesar de que en la mayoría de los casos de embarazo adolescente los progenitores son mayores de edad, el estigma, la violencia, el riesgo y la manutención del producto, recae en las jóvenes. Una tercera parte de las madres en México son madres solteras, el 53% de ellas sólo tiene la secundaria o ningún nivel educativo y el 67.5% no recibe pensión alimenticia del padre, de acuerdo con el Inegi.
Por otra parte, en Yucatán del 2009 al 2018 se recibieron alrededor de 2 mil 726 denuncias por violación sexual, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través de solicitudes de transparencia.
Cabe aclarar que la cifra es una aproximación, ya que en una primera solicitud la dependencia declaró que fueron 214 las demandas interpuestas en el 2017, mientras que en la segunda señalaron que fueron 170. Aunque se le pidió, la FGE no proporcionó los datos desagregados por sexo, ni municipio, ni por edad.
De igual forma se interpusieron 4 mil 502 denuncias por abuso sexual en la entidad del 2009 al 2018:
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AÑO |
DENUNCIAS |
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2009 |
285 |
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2010 |
409 |
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2011 |
667 |
|
2012 |
595 |
|
2013 |
544 |
|
2014 |
487 |
|
2015 |
420 |
|
2016 |
432 |
|
2017 |
421 |
|
2018 |
242 |
De acuerdo con la investigadora Ligia Vera Gamboa, solo una de cada cuatro violaciones se denuncia.
La mayoría de las veces los agresores son gente conocida o cercana a la víctima; y a los servicios de salud llegan víctimas de violación de todos los estratos sociales, desde los 12 a los 40 años. También han llegado niños de dos a 10 años, informó la Jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud local, Geny Beatriz Sánchez Fernández.
La funcionaria comunicó que cuando las víctimas de una violación llegan a los servicios de salud estatales, el personal sigue la NOM 046. Añadió que en el 2017 se realizaron las primeras interrupciones voluntarias de embarazo y en su mayoría se empleó el misoprostol.
También afirmó que “100 por ciento” de quienes han solicitado la interrupción la han obtenido. Hasta ahora solo dos mujeres adultas jóvenes de la ciudad de Mérida no quisieron interrumpir su embarazo tras una violación: una en el 2017 y la segunda en el 2018, comunicó.
Admitió que “hay mujeres que no llegan” a los servicios de salud, pero agregó que eso no lo puede controlar la Secretaría de Salud. “Tenemos medicamentos de profilaxis para prevención de VIH en todo el estado, en el 90 por ciento de los municipios. Sin embargo, las mujeres no llegan a tiempo”, expresó.
Describió que cuando las mujeres acaban de ser agredidas se encuentran en “shock”: no quieren que las toquen, no quieren ver hombres, gritan y sienten culpa. En ocasiones las víctimas no quieren denunciar y tampoco quieren que el personal médico notifique a la FGE, tal y como marca la NOM 046.
“Les explicamos que tenemos que notificar a la Fiscalía, pero la gran mayoría no quiere que esto se realice, es impresionante. Generalmente porque [los agresores] son parientes o porque no quieren que nadie se entere”, agregó.
Afirmó que no tiene conocimiento de casos en los cuales el personal médico haya intentado convencer a la paciente de no abortar pero indicó que si esto se reportara, se hablaría con el personal y se le aplicaría una sanción.
Aborto en Yucatán
La Secretaría de Salud de Yucatán no tiene registro del acceso al servicio legal de interrupción del embarazo en el estado del 2009 al 2014; de hecho, el primer caso se dio en el 2015.
En el 2016 entraron en vigor las modificaciones a la NOM 046, las cuales señalan que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas deberán prestar servicio de interrupción voluntaria.
En aquél año no hubo ninguna solicitud de aborto bajo esta circunstancia, pero en el 2017 se registraron cuatro casos (uno de una niña de 12 años con siete meses de gestación, los otros de mujeres de 19, 32 y 37 años), y en el 2018 otros seis casos (nuevamente, un caso de una menor de 12 años, los otros de mujeres de 17, 21, 22, 26 y 30).
Es decir, del 2009 al 2018 solo 11 mujeres abortaron bajo los lineamientos de la NOM 046 en recintos de la Secretaría de Salud estatal.
De acuerdo con Amelia Ojeda Sosa, en 2016 una mujer solicitó la interrupción del embarazo por causas económicas graves y justificadas –como marca la ley-, pero no se le concedió y el caso se llevó a litigio.
“Que te nieguen el servicio es violentar un derecho que tienes, que la autoridad no cumple con la obligación que tiene de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos”, puntualizó.
Cabe mencionar que se realizaron solicitudes de transparencia para saber cuántas personas han solicitado el aborto por causas socieconómicas y cuántas debido a que su vida corre peligro. La institución contestó en ambos casos que la información “es inexistente”.
Por otro lado, 28 mujeres viajaron a la capital del país para recibir el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México de 2007 a 2017, de acuerdo con un informe emitido por el gobierno de ese estado.
Un número no contabilizado de mujeres acude a organizaciones civiles solicitando asesoría para abortar antes de las nueve semanas con misoprostol o para acceder al Fondo María, que da apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que se encuentren fuera de la capital del país sin recursos para acceder al servicio de ILE.
Algunas activistas como Adelaida Salas, consideran que actualmente hay más apertura para hablar sobre el aborto porque las mujeres “ya no tienen la carga de que es un pecado”.
La organización a la que pertenece ha atendido a jóvenes de 15 años en adelante, aunque la mayoría tienen entre 18 y 30 años.
“No sólo las mujeres en Yucatán abortan, abortan las mujeres de todo el mundo. Nunca hemos tenido ningún problema con las mujeres que abortan en la Ciudad de México, porque el servicio y el medicamento que ofrecen ahí es seguro”, comentó.
¿Por qué las mujeres no están accediendo a los servicios para interrumpir legalmente sus embarazos? De acuerdo a Ojeda Sosa, puede ser por desconocimiento de las leyes estatales y de los casos bajo los cuales el aborto no se sanciona, tanto por parte de la ciudadanía como del personal del sector salud o que atiende a víctimas de la violencia.
En este sentido, la abogada recalcó que en ocasiones, los trabajadores del sector salud o de procuración de justicia “ocultan deliberadamente” la información sobre la interrupción legal del embarazo “porque no están de acuerdo con ello, por sus ideas profesionales”.
Indicó que esas actitudes “generan responsabilidad para el Estado, ya que está obligado a informar a las personas” sobre la NOM 046.
Los grupos pro vida se expresaron en contra del aborto en sus formas legales e ilegales. Mariana Schroeder externó que despenalizar el aborto es “abrir la puerta del infierno, a un mundo lleno de violencia y muerte”, lo cual calificó como “peligroso, sobre todo para los que tienen hijos”.
Agregó que no se debe “poner en tela de juicio” si una madre “prefiere comer o matar a su hijo”, porque entonces “¿cuántos pobres no matarían a sus hijos?”.
“Lo que necesitan es apoyo, decirles que todo va a estar bien, que no pasa nada”, externó y agregó que algunas asociaciones como “Vida y Familia” (VIFAC) ofrecen a las mujeres con embarazos “inesperados” un hogar, educación e incluso apoyo para dar el bebé en adopción.
GIRE ha dado acompañamiento y asesoría a mujeres que fueron acusadas por abortar o por algún otro delito relacionado con la interrupción del embarazo.
En un reporte, la organización relata el caso de Eugenia, una mujer yucateca que en el 2014 acudió a la sala de urgencias del Hospital O’Horán con 20 semanas de embarazo.
La persona que la atendió la regañó, sugiriendo que se había provocado un aborto y la presionó para aceptarlo. Esa misma doctora avisó a la Fiscalía y Eugenia brindó su primera declaración bajo presión e incomunicada, “lo que implica una violación a sus derechos humanos; además de que fue trasladada al centro de reclusión sin que su abogado o la juez que conocía el caso fueran informados”, añade GIRE.
Fue detenida, recluida y procesada por el delito de aborto. Le otorgaron libertad bajo fianza de 5 mil pesos. En el dictamen de la autopsia, el médico forense estableció que desconocía si el producto había muerto dentro del vientre o fuera de él.
Hay testimonios documentados en México de mujeres que han sido procesadas por el delito de homicidio por abortar espontáneamente: el caso de Martha Patricia Méndez, de Veracruz; el de Susana Dueñas Rocha, de Guanajuato; y el de Evelia, de Yucatán, relatado al inicio de este reportaje.
Verónica Cruz, directora de la organización “Las Libres” de Guanajuato ha expresado en entrevistas a medios de comunicación que hay alrededor de 700 mujeres en México acusadas por el delito de homicidio, cuando en realidad interrumpieron un embarazo. La mayoría de ellas, asegura, sufrieron un aborto espontáneo.
Abortos clandestinos
La OMS señala que cuando los abortos se realizan conforme a las directrices y normas que establece la organización, el riesgo de complicaciones graves o muerte es insignificante.
En los países donde el aborto está prohibido o sólo se permite para salvar la vida de la mujer o su salud, sólo 1 de cada 4 procedimientos fue seguro.
En cambio, en los países donde es legal en supuestos más amplios, casi 9 de 10 abortos se realizó de manera segura. “Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos”, sentencia la OMS.
El último informe para la vigilancia epidemiológica de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud -publicado el 2 de enero del 2019-, indica que el aborto es la tercera causa de fallecimientos maternos, siendo el origen del 8.7% de las muertes: el primer sitio lo ocupa la hemorragia obstétrica (23.2%) y el segundo la enfermedad hipertensiva (21.7%).
No existen cifras certeras sobre el porcentaje de las muertes maternas ocasionadas por aborto clandestino.
Es difícil de calcular no sólo por las condiciones en las que se realiza, sino porque muchas veces la causa del fallecimiento se registra en hospitales y centros de salud como hemorragia.
Yucatán no es la excepción: no existen ni siquiera estimaciones de cuántos abortos clandestinos se practican ni de cuántas mujeres mueren a causa de éstos.
Además del riesgo que representa para la salud de las mujeres interrumpir sus embarazos en un lugar insalubre, Ojeda Sosa indicó que también existe la posibilidad de que quienes practiquen los abortos “busquen lucrar con la necesidad y desesperación de las mujeres”, además de que no cuenten con el instrumental y equipo necesario.
La OMS estima que mueren 47 mil mujeres al año en todo el mundo por abortos inseguros.
La criminalización de las mujeres
Las denuncias por aborto se han incrementado en los últimos años en Yucatán. En el 2009 y en el 2010 no se registró ninguna, hasta el 2011 se presentaron cuatro, en el 2015 fueron ocho, en el 2017 quince y hasta el primer semestre del 2018 ya se habían documentado dieciséis, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
En total son 65 denuncias, de las cuales sólo hay 13 juicios penales por el delito de aborto entre el 2007 y 2016 de acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Las sanciones por el delito del aborto varían en cada estado del país, pero en general, van desde los 15 días hasta los seis años de cárcel e incluyen multas de 20 a 300 salarios mínimos.
Entre el 2007 y 2016 hubo 228 mujeres sentenciadas por interrupción del embarazo, principalmente en Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15), de acuerdo con el informe de GIRE basado en solicitudes de información a los 32 estados.
“En todas las entidades, el número de juicios penales es considerablemente menor [a las denuncias] y vuelve a reducirse respecto a las sentencias. Lo anterior sugiere que un número importante de las denuncias no se convierten en averiguaciones previas o investigaciones, y entre las que lo hacen, muchas no concluyen en esta sentencia. Sin embargo, ello no significa que la criminalización no haya tenido efectos considerables sobre la vida de las mujeres”, advierte GIRE en su último informe sobre la criminalización de las mujeres.
Información proporcionada por el Poder Judicial a través de una solicitud de transparencia, indica que en Yucatán hay nueve hombres y ocho mujeres en juicios penales por el delito de aborto.
Estos incluyen casos de feminicidios de mujeres embarazadas, ya que la muerte del producto se tipifica también como aborto forzado. Pero no registran casos como el de Evelia en el 2009 -que a la vez es el único conocido hasta ahora- que fue sentenciada por homicidio, aunque se trató de un aborto.
La directora del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Mérida, Anastasia Castillo Tiburcio, en el penal de esta ciudad declaró que ha habido dos mujeres en los últimos años, sentenciadas por aborto.
“Una cumplió su sentencia y la otra utilizó un recurso y gracias a él logró su libertad. La última fue en el 2016”, expresó.
Del resto no se encontró información desglosada y al solicitar en el portal de transparencia una actualización hasta el 2018, la Coordinación de Estadística Judicial de Primera Instancia del Consejo de la Judicatura envió el mismo archivo que entregó a GIRE en 2016.
Al preguntarle a la coordinadora de 40 Días por la vida en Yucatán, si consideraba que las mujeres que abortan deberían de recibir algún castigo, contestó que ellas “llevan su propio castigo”.
“No es que queramos que sean juzgadas, ya han tenido suficiente. Necesitan comprensión porque más de la mitad de quienes han tenido un aborto, vuelven a tener otro. Es un círculo vicioso con efectos secundarios, físicos, psicológicos; entran a las drogas, a la prostitución, comienzan a cortarse”, puntualizó.
Pinto Brito opinó que la pregunta “juega” con la victimización de la paciente.
“La famosa criminalización de las mujeres. Esa pregunta lleva a una subvaloración de la vida de la persona dentro del vientre materno. Estás considerando que esa vida no debe existir. Hay que analizar caso por caso, con lo que estamos de acuerdo no es una pena corporal sino un trabajo comunitario y ayuda psicológica, como está ahorita. Esa es nuestra postura”, agregó.
Vida o vida digna
Elena tenía 24 años y estaba a punto de titularse cuando tuvo un retraso. Un examen de sangre confirmó que estaba embarazada y entonces sintió que se le vino el mundo encima. En aquél tiempo percibía alrededor de tres mil pesos mensuales por su trabajo y no tenía una relación estable con su pareja.
Ambos barajearon sus opciones y apareció la del aborto. En primera instancia, ella se negó: su familia, muy apegada a la religión católica, no lo permitiría.
Sin embargo, pronto aparecieron otros factores en el escenario: ya se había realizado estudios de rayos X y temió por la integridad del producto. También tenía una pariente adolescente con un hijo y era testigo de las dificultades que pasaba para mantenerlo.
Finalmente la pareja buscó ayuda y Elena interrumpió el embarazo en un lugar que los dos calificaron como seguro.
Lo que siguió al proceso no fue fácil: en ocasiones escuchaba reproches o indirectas por parte de familiares que le hicieron dudar de su decisión. Acudió a terapia y ocho años después asegura que no se arrepiente de nada.
“No estaba preparada emocionalmente y económicamente no podía darle a un hijo la calidad de vida que hubiera querido: tener un hijo implica muchos gastos si se desea darle una buena calidad de vida. Yo aún no me había titulado y ganaba poco. Saber que en el momento en que me realizaron el procedimiento el producto no sentía, me ayudó para saber que tomé la decisión correcta”, dijo.
En México hay 40.2 millones de niños y adolescentes (de entre 0 y 18 años) que representan el 35% del total del país.
De esta población, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes, prácticamente la mitad, vive en pobreza; y al menos 4.42 millones, 11% de la población infantil, viven en condiciones de pobreza extrema. No tienen agua potable, alimento o vivienda, de acuerdo con el informe del UNICEF del 2018.
La nación ocupa el segundo lugar en América Latina en cifras de niños huérfanos, con 1.6 millones de menores sin hogar.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el 2012 más de más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos.
En el informe se explica que la carencia en el acceso a servicios de salud en la niñez ha disminuido, pero el 16.2% todavía carecen de esos servicios, sobre todo en los grupos de 0 a 1 año, los que viven en hogares indígenas, en las regiones del centro y sureste, y en municipios de alta marginación, en los cuales destacan porcentajes superiores al total nacional.
Cristina Montejo pidió a las mujeres que han tenido hijos y están en contra del aborto, recordar que el proceso de convertirse en mamá es difícil y que la maternidad no se puede obligar.
“No puedes obligar a que una persona ponga en riesgo su vida, a un procedimiento que tiene secuelas físicas y sicológicas. México no es uno de los mejores países para parir: hay malos controles prenatales, violencia obstétrica, infecciones nosocomiales, cesáreas innecesarias. Decirle a alguien que lo haga obligada porque tú crees que es mejor, es terrible. Si para quienes lo hacen con amor es difícil, para las que no quieren, es una tortura”, sostuvo.
Al cotejar los datos de la entrevistada, se encontró que sólo en 2015 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) registró 567 inconformidades (de un total de 51,788 recibidas) sobre el servicio de atención del parto y puerperio en hospitales del sistema público de salud.
Por su parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de Yucatán (Conamedy) atendió en el último año 374 asuntos relacionados con la prestación de los servicios de salud, según consta en su informe del 2018, de los cuales 43 fueron quejas y el 2% de éstas fueron por las especialidades de gineco – obstetricia. El 1%, por atención al parto y puerperio.
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) informó vía transparencia que del 2009 al 2018 ha recibido 13 quejas contra el Centro Materno Infantil: al menos tres de ellas por presunta negligencia médica y mínimo dos por supuestamente no brindar la debida atención en el recinto. Una de las quejas seguía en trámite al momento de solicitar los datos.
De igual forma, dicho organismo indicó que recibió 19 quejas por violencia obstétrica en contra de hospitales públicos y el Centro Materno Infantil del 2012 al 2018: seis contra el O’Horán, cuatro contra el Materno, tres contra los SSY, dos contra el Hospital de Valladolid y una contra el de Ticul y el de Tizimín.
Según la Unicef, los reportes muestran que en algunos casos “hay malas prácticas médicas o negligencia en la atención a mujeres antes, durante y después de su embarazo”, por lo que es necesario dotar a los recursos humanos que brindan servicios médicos durante todo el ciclo de embarazo “de nociones que les permitan dar una atención de mayor calidad, así como un trato humano”.
También hay recomendaciones de la OMS sobre fomentar la práctica del parto natural para reducir las cesáreas innecesarias. Asegura que esta clase de violencia se expresa en el trato deshumanizado a la mujer embarazada cuya opinión es “opacada por la autoridad del saber médico”.
En junio del 2018, México se encontraba en pleno caos electoral. Aunque en aquél tiempo todo lo que se respiraba en las calles era propaganda política, un atisbo verde interfirió en las vidas de las y los mexicanos desde el sur del continente americano.
Por séptima vez desde 2007, la Cámara de Diputados argentina sometería a votación un proyecto de ley para que el aborto fuera legal, seguro y gratuito en ese país, y miles de mujeres argentinas con pañoletas color esmeralda salieron a las calles a manifestar su aprobación ante esa propuesta.
En primera instancia la medida funcionó, pues el 14 de junio la iniciativa obtuvo 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención en el Legislativo, con lo que logró ser turnada al Senado de aquel país. La ola verde celebró con gritos y llanto de alegría, y obtuvo el protagonismo en Latinoamérica.
Pronto, en otros países de la región comenzó a destellar ese color y el tema del aborto comenzó a ser más frecuente en diversos foros.
México fue uno de ellos, en especial porque quien resultó electo presidente, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado que su segunda al mando sería la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, misma que se había pronunciado a favor de los derechos de la comunidad LGBT y de la despenalización del aborto.
A la ola verde argentina poco le duró la celebración: aparecieron los pañuelos azules que daban el “sí a la vida”, quienes externaron su descontento ante la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, el 8 de agosto la Cámara de Senadores rechazó el proyecto con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.
Sin embargo, el “desastre” ya estaba hecho y lo pronosticó la senadora argentina Nancy González, quien declaró que “a la ola verde no la pararía nadie”.
Los colectivos feministas en Latinoamérica empezaron a hacer llamados al debate de la interrupción voluntaria del embarazo y por supuesto, los grupos conservadores también filtraron sus pañuelos azules a varias naciones.
Mientras tanto en Yucatán, los primeros en reaccionar fueron precisamente los grupos pro vida.
Un día antes de que el Senado argentino rechazara la propuesta que despenalizaría el aborto en ese país, representantes de las asociaciones, “Ayuda a la Mujer Embarazada”, “VIFAC”, “Unión Nacional de Padres de Familia”, “Movimiento Unión por la Familia”, “Donando sangre, compartiendo vida” y “40 días por la vida” convocaron a una rueda de prensa en la que fijaron una postura clara: no aprobaban el nombramiento de Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación y rechazaron una propuesta presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez para permitir a las mujeres el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo.
Las activistas leyeron un comunicado de ocho puntos en los que declararon que “el aborto nunca es la solución”, que es un “acto de violencia contra las mujeres y sus hijos” y una “respuesta inhumana e indigna que en nada mejora la salud ni el desarrollo de las mujeres”, además de que no es un mecanismo efectivo para prevenir las muertes maternas.
Exigieron a las autoridades “no postergar las políticas que protejan a la población y a las dos vidas”, ya que el aborto es “una ofensa, una destrucción de la vida no nacida y de la madre”.
De igual forma, aseguraron que quienes están en contra de la despenalización del aborto son mayoría y que detrás del aborto hay una “gran industria millonaria”, respaldada por la International Planned Parenthood Federation (IPPF), que únicamente busca “incrementar sus ganancias a costa del dolor ajeno”.
Al preguntarle a Mariana Schroeder cómo funciona esta “industria millonaria” y quiénes están detrás de ella, explicó que todo comenzó con la enfermera estadounidense Margaret Sanger (1879-1966) fundadora del IPPF.
“Ella fue la fundadora del grupo Eugenista (sic), que inspiraron a Hitler para buscar la perfección de la raza […] su oficina sigue en la ONU”, explicó.
Cabe mencionar que las autoras de este reportaje no encontraron evidencia de alguna relación entre la activista mencionada y la ONU –la cual fue fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial-.
Además, es de conocimiento popular que Adolfo Hitler estudió obras de Friedrich Nietzsche, Martín Lutero y Federico el Grande, es decir, no se tiene conocimiento de que haya leído obras de Sanger.
De acuerdo con la revista de cultura científica de la UNAM, la norteamericana impulsó el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener a través de la investigación de métodos de control reproductivo seguros.
Sobre su cercanía con el grupo Eugenesia, señala que un sector de esa corriente se sumó al argumento central de Sanger “por suponer que organizaría y promovería la reproducción entre individuos portadores de cualidades heredables”.
En los últimos meses, las asociaciones pro vida han estado más activas: constantemente convocan a ruedas de prensa y otras actividades para promover su postura.
En cada oportunidad llaman “asesinato” al aborto, declaran que la interrupción del embarazo es “atentar contra una vida”(sic), por lo que la sanción que se aplique a quienes aborten “no es una pena” sino que “ayuda a las pacientes, porque se les ayuda en el proceso”.
¿Quiénes son los pro vida en Yucatán?
Actualmente, al menos ocho organizaciones conservadoras operan activamente en Yucatán. La agrupación más representativa de la agenda celeste en la entidad es “40 días por la vida”, perteneciente al movimiento nacional con el mismo nombre.
Desde el 2017 dicha agrupación realiza campañas en las que hombres y mujeres rezan durante 40 días frente a la clínica de Servicios Humanitarios de Salud Sexual y Reproductiva, localizada en el Centro Histórico de Mérida.
Su objetivo es que las mujeres “sepan que no están solas y siempre tendrán una mano extendida para apoyarlas de maneras reales y concretas a superar una situación difícil”, según describe el comunicado que emitieron en la rueda de prensa del 7 de agosto del 2018.
Esa actividad les ha costado quejas ante la Codhey por parte de asociaciones civiles como la UNASSE, bajo el argumento de que esa acción vulnera los derechos humanos de terceras personas, al estigmatizar y discriminar a las usuarias y profesionales que prestan sus servicios en ese lugar; informó el periodista Herbeth Escalante Ojeda en el portal Desde el Balcón en el 2017.
Si bien la denuncia interpuesta en el 2017 fue aceptada por la Codhey, y el organismo instó a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto – y estas contestaron que no tenían injerencia para tomar alguna medida-, en el 2018 que se repitió la situación la Comisión no intervino porque “era una manifestación pacífica y religiosa” –de acuerdo a información del mismo periodista en otra nota publicada en Desde el Balcón-.
Actualmente se lleva a cabo la quinta campaña de rezos de la organización conservadora.
En ruedas de prensa, Mariana Schroeder ha invitado a la sociedad yucateca a portar prendas azules con con la leyenda “salvemos las dos vidas” tanto en la vestimenta como en las casas o en perfiles de redes sociales virtuales con el fin de que “los políticos sepan que no van a apoyar proyectos que no se manifiesten clara y contundentemente por la defensa incondicional de toda vida humana”.
De igual forma, en agosto del 2018 esa agrupación realizó la conferencia “Lo que no te dijeron del sexo” en el Foro Cine Colón, impartida por la médica con especialidad en genética humana, Pilar Calva.
La doctora habló sobre la importancia de que la unión sea complementaria, es decir, que únicamente ocurra entre hombres y mujeres. También externó que cuando comenzaron a popularizarse las “relaciones sexuales sin amor” inició la anticoncepción.
Ese mismo mes se llevó a cabo el “Festival por la Vida” en el Parque de Santa Ana, en Mérida, en el que realizaron presentaciones musicales y de danza en medio de consignas de “sí a las dos vidas”.
La agrupación “40 días por la vida” suele realizar actividades con el Frente Nacional por la Familia, encabezado por el ginecólogo Víctor Pinto Brito y cuya vicepresidenta es la pastora Altia Celis Quintal.
El Frente Nacional por la Familia surgió a nivel nacional en el 2016 “como una necesidad de que hubiera un organismo que se opusiera a iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en relación a personas del mismo sexo y el cambio de sexo administrativo”, explicó Pinto Brito.
En el estado comenzó a operar en la misma época y se le sumaron cuatro organizaciones que ya existían: el movimiento “Unión por la Familia”, la “Unión Nacional de Padres de Familia”, la “Red para la Familia en Yucatán” y la “Red Pro Yucatán”.
Como se ha mencionado, fue esta última asociación la que impulsó la reforma al Código de Familia para prohibir el matrimonio igualitario.
De ella es miembro -e incluso ha sido presidente- Salvador González Gutiérrez, quien actualmente dirige el Departamento de Prevención del Suicidio de la Subdirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud estatal. También ha declarado que trabajó con el diputado panista, Manuel Díaz Suárez, durante la elaboración de la Ley de Salud Mental.
En abril del 2018 dicho activista fue considerado para participar en el primer debate entre los entonces candidatos a la gubernatura.
Diversas asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos se quejaron por este hecho. En defensa, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) contestó que la agrupación no integraría ni elaboraría cuestionamientos propios.
En una rueda de prensa realizada en noviembre del 2018, González Gutiérrez declaró que mantuvo comunicación con el diputado panista y presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Manuel Díaz Suárez, durante la elaboración de la Ley de Salud Mental, aprobada en la Legislatura anterior.
Esa norma ha sido criticada por la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres, pues considera que la normativa va contra los lineamientos internacionales y los derechos de la niñez, ya que contempla el internamiento de menores en el psiquiátrico e intervenciones quirúrgicas que podrían dañar de manera irreversible sus cerebros.
Aunque no especificó, González Gutiérrez agregó que se ha reunido con al menos cinco legisladores para tratar el tema de la legalización del matrimonio igualitario en el estado para que “cuando tomen la decisión sea de forma consensuada, no nada más lo que ellos dicen”.
Aunque hasta ahora el FNF no ha promovido ninguna ley a nivel local, los miembros organizan marchas y otros foros para externar que están en contra del matrimonio igualitario, el cambio de género y a últimas fechas, del aborto.
En agosto del 2018 realizaron una protesta en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para exigir que sean los padres los encargados de abordar temas de sexualidad con sus hijos, ya que no todos los profesores están capacitados en el tema.
Meses después, el 20 de octubre del 2018 se unieron a un movimiento nacional y llevaron a cabo en la Plaza Grande una concentración en la que rechazaron “las políticas abortistas” propuestas por algunos legisladores y quienes serían titulares de dependencias de Estado, ya que éstas fomentarían una “cultura de la muerte”.
En el acto, uno de los integrantes del Frente, Julio Mendoza Ayora hizo una actividad para escuchar los latidos en el vientre de una mujer con 35 semanas de gestación. Explicó que “el aborto está autorizado en algunos lugares a partir de la semana 12, lo cual es un verdadero crimen, porque el latido cardiaco fetal dice que hay vida”.
Los miembros del Frente también han realizado marchas a las que se unen figuras conocidas: En la que se llevó a cabo en marzo del 2018 para exigir a los partidos políticos y candidatos que escuchen sus peticiones para “proteger a la familia”, participaron el ex presidente de la Codhey, Jorge Victoria Maldonado; el entonces senador panista Daniel Ávila Ruiz y el líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mérida (Canacome), Michel Salum Francis.
Otro de los integrantes del Frente es Víctor Chan Martín, fundador de la asociación civil “Lazo para María” y quien fue nombrado director del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey). Chan Martín fue el primer funcionario de la presente administración estatal en ser cesado “luego de estar envuelto en diferentes controversias”.
El Ejecutivo no informó cuáles fueron las razones de la baja, pero trascendió que el ex funcionario realizó eventos oficiales con la participación de pastores evangélicos, comunicó el periodista Herbeth Escalante Ojeda en el portal informativo Haz Ruido.
Cabe mencionar que el líder del FNF en Yucatán también ha presidido la Asociación de Médicos Católicos de Yucatán, fundada en 1997 como un “órgano de asesoría de la Arquidiócesis en temas relacionados con la defensa de la vida humana y la salud” y cuya intención es “que los médicos católicos compaginen su práctica profesional con enseñanzas de la Doctrina del Magisterio de la iglesia en materia de vida y salud” según el portal “Pastoral de la Salud”.
Otra asociación pro vida muy activa es “Donando sangre, compartiendo vida”, encabezada por Marcia Lara Ruiz, quien también es fundadora de la “Red Pro Yucatán” y de “Sueños de Ángel A.C.”. La organización ha figurado públicamente al ser un ente que posiciona a diferentes personas para ocupar cargos públicos.
Por ejemplo, en mayo del 2017, Lara Ruiz propuso a Erick Martín Acosta Palma –servidor público de la Auditoría Superior del Estado (ASEY)– para encabezar precisamente esa dependencia, pero no obtuvo el puesto.
De igual forma en julio del 2018 “Donando sangre, compartiendo vida” nominó ante el Congreso local a Mauricio Estrada Pérez para ser miembro del Consejo Consultivo de la Codhey. Estrada Pérez obtuvo el puesto al recibir 23 votos a favor por parte de la LXI Legislatura.
Finalmente en noviembre del 2018 –junto con Sueños de Ángel A.C. y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Pro Yucatán– la agrupación nominó a Miguel Óscar Sabido Santana para presidir la Codhey.
Con 18 votos a favor, Sabido Santana fue nombrado ombudsman. Recientemente ha sido criticado por considerar que algunos temas de derechos humanos “sí deben ser sometidos a consulta”. La polémica fue tal que el funcionario se retractó de sus declaraciones.
Por ejemplo, en mayo del 2017, Lara Ruiz propuso a Erick Martín Acosta Palma –servidor público de la Auditoría Superior del Estado (ASEY)– para encabezar precisamente esa dependencia, pero no obtuvo el puesto.
De igual forma en julio del 2018 “Donando sangre, compartiendo vida” nominó ante el Congreso local a Mauricio Estrada Pérez para ser miembro del Consejo Consultivo de la Codhey. Estrada Pérez obtuvo el puesto al recibir 23 votos a favor por parte de la LXI Legislatura.
Finalmente en noviembre del 2018 –junto con Sueños de Ángel A.C. y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Pro Yucatán– la agrupación nominó a Miguel Óscar Sabido Santana para presidir la Codhey.
Con 18 votos a favor, Sabido Santana fue nombrado ombudsman. Recientemente ha sido criticado por considerar que algunos temas de derechos humanos “sí deben ser sometidos a consulta”. La polémica fue tal que el funcionario se retractó de sus declaraciones.
Aparentemente la ola celeste está impregnada en lo más profundo del estado. Sin embargo, justo cuando parecía que los activistas azules estaban ganando terreno, se atravesó el Día Internacional de la Mujer.
El pasado 8 de marzo, activistas feministas organizaron la ya tradicional marcha por la dignidad de la mujer. A diferencia de años anteriores, este 2019 las calles del Centro Histórico vibraron con miles de mujeres de todas las edades, que entre sus ropas color negro y violeta, llevaban al menos una prenda esmeralda y en sus pancartas exigían la despenalización del aborto.
Algunas pintaron paredes y la base de la estatua de los Niños Héroes del parque de la Mejorada con frases como “Aborto legal” y “Vivas nos queremos”. También colocaron un pañuelo verde en la estatua del parque de la madre.
Marcharon rodeadas por un cordón morado, pancartas, caras pintadas, brazos rayados, con sus hijas en brazos, con sus mascotas, en un ambiente que era sobre todo festivo. Hubo mujeres trans, mujeres lesbianas, bisexuales, niñas, madres, adultas, adultas mayores, mujeres con discapacidad, jóvenes, activistas, amas de casa, mayas, afrodescendientes, eso sólo en Mérida.
Hablar de aborto implica mucho más que discutir sobre moral, pues se trata de un asunto de salud pública que debe ser abordado desde diferentes perspectivas: culturales, sociales, psicológicas y jurídicas.
Al debatir sobre ese tema es necesario alejar las ideas románticas del embarazo y asumir una realidad: la maternidad es un castigo para las mujeres que no desean ser madres y que se embarazan por el fallo de un método anticonceptivo, violencia sexual o presión por parte de la pareja.
Los testimonios -incluso los que no formaron parte del reportaje escrito pero sí de la investigación- indican que la interrupción de un embarazo, sea cual sea la circunstancia en la que ocurre, es una decisión difícil para las mujeres.
De acuerdo con la evidencia científica recabada y plasmada en este texto, es erróneo comparar el aborto con un asesinato, y por lo tanto, resulta excesivo el estigma al que son sujetas las mujeres cuando deciden interrumpir sus embarazos.
Lo preocupante en el caso de Yucatán, es que ni siquiera en el marco de la legalidad se les facilita a las mujeres el acceso al aborto y esto deja ver serias omisiones por parte de las administraciones estatales.
El hecho de que gran parte de la sociedad ignore cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos es un foco rojo, pero si los prestadores de servicios también desconocen las normas que rigen el estado en que viven y laboran, deben encenderse más señales de alarma.
Hacemos particular énfasis en el sector salud, puesto que se ha detectado que es el mismo personal médico el que denuncia a las mujeres por aborto inducido o espontáneo, además de que en la mayoría persiste la negativa moral para prestar el servicio como marca la ley.
Por otra parte, y contrario a lo que se solicitaba en las recomendaciones de la Conavim como parte del proceso de declaración de la AVGM en Yucatán, hasta ahora no se ha realizado una campaña para que la sociedad yucateca conozca sus derechos sexuales y reproductivos.
Se percibe que tanto la agenda nacional como estatal pretenden abordar el asunto. Para muestra un botón: el pasado 12 de marzo la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se expusieron temas legislativos para incluir en la agenda de ese cuerpo colegiado. Entre otros tópicos, mencionaron el aborto. Días después, en otra reunión de trabajo de la misma comisión, activistas solicitaron acciones para que se cumpla con las disposiciones de la NOM 046.
La opinión pública y las autoridades legislativas necesitan capacitarse e informarse en este tema que involucra más de una arista, para avanzar en la legislación de un país que respete los derechos humanos de las personas que han nacido, que están conscientes de su existencia y sufren las consecuencias del prejuicio, discriminación y desinformación en todos los aspectos de su vida.